Descargar: DECLARACIÓN JUNIO 20 2014
Descargar: MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN
Hoy, día mundial de la persona refugiada, la Campaña por la Hospitalidad señala que permanece en nuestro continente un gran número de personas en situación de refugio. En los últimos 10 años se estima que más de 600.000 han estado forzadas a salir de sus países para preservar su vida y se encuentran con necesidad de protección. Desde hace décadas el conflicto colombiano genera el más amplio flujo de personas refugiadas (y también desplazadas internas) en el continente, que afecta no sólo los países fronterizos de Colombia, sino que llega hasta los países del Cono Sur y de Norte América. Además, las dinámicas de creciente violencia e inseguridad social en Centroamérica, México y en otros países de la región están provocando que más y nuevas personas deban dejar sus países en búsqueda de seguridad y protección.
La Campaña por la Hospitalidad es una iniciativa de la Red Jesuita con Migrantes de América Latina y el Caribe (RJM-LAC) conjuntamente con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), la Federación Internacional de Fe y Alegría (FIFyA), la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos (FLACSI) y el Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC), con el apoyo de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina (CPAL), y reúne a personas que están comprometidas con las y los refugiados.
En este día queremos expresar nuestra solidaridad con ellas y nuestro deseo de que nuestras sociedades sean más abiertas, acogedoras, incluyentes, en una palabra: hospitalarias, hacia las personas refugiadas, garantizando sus derechos y poniendo en marcha políticas de protección y de integración social en condiciones de equidad.
En particular, llamamos la atención sobre el impacto negativo de la interpretación restrictiva de la definición de refugiado que se está adoptando en muchos países de la región y cuyo efecto es la exclusión de muchas personas de la posibilidad de ver reconocida su situación y de acceder al disfrute de sus derechos.
Como consecuencia, esas personas quedan en una situación de indocumentación que constituye una nueva vulnerabilidad en el país de llegada que se suma a la inseguridad y la persecución de la cual huían en el país de origen. Eso las expone a la posibilidad de detención por falta de documentación y a la deportación por presencia irregular, precisamente al país del cual quisieron alejarse. A eso se suman las dificultades de acceso a los servicios básicos de salud, educación y a los medios de trabajo que provean garantías mínimas de sostenimiento personal y familiar. Por lo cual las personas acaban atrapadas entre dos alternativas, ambas perjudiciales: el mantenimiento de un estatus irregular en el país de llegada, en condiciones muy precarias, o el regreso al país de origen a pesar del grave riesgo y amenaza a sus vidas e integridad, configurándose así una situación de devolución forzosa tácita. Nos preocupa y queremos resaltar la invisibilidad y la marginalidad de esa población que, a pesar de tener causas válidas para ser reconocida como refugiada, queda en una situación de indeterminación que las consigna a más vulnerabilidad y a mayor pobreza.
Detectamos además una visión regresiva basada en un enfoque de seguridad nacional que presenta obstáculos para el acceso efectivo a la protección o lo impide, mediante plazos y requisitos no apropiados para el tratamiento de personas que solicitan el estatuto de refugio.
Constatamos que persisten vacíos de protección. En particular los países de la Región Andina y Panamá no han logrado armonizar las normas, los procedimientos y las políticas de atención a las personas solicitantes y refugiadas conforme a las aspiraciones señaladas en el Plan de Acción de México del año 2004. Algunos procedimientos presentan aspectos problemáticos y/o ambiguos que atentan o dificultan el acceso efectivo, el “debido proceso” y el ejercicio del derecho a la defensa, conforme a los estándares internacionales aceptados de Derecho Internacional de Refugio y de Derechos Humanos.
Especialmente destacamos la necesidad de que las nuevas condiciones de violencia y de crisis social que producen expulsión sean reconocidas entre las causales del refugio y generen la obligación de protección internacional.
En el año del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a recuperar el espíritu de esa Declaración y a poner todos los medios para garantizar la protección internacional a las personas refugiadas, utilizando un enfoque integral de derechos para alcanzar soluciones duraderas.
La Campaña por la Hospitalidad hace un llamado a toda la sociedad a comprometerse a favor de las y los refugiados y a reclamar a los Estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Para mayores informaciones:
incidencia@sjrlac.org
rjm.hospitalidad@sjrlac.org
www.campañaporlahospitalidad.com
La campaña es una iniciativa de:
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